En el Congreso de Chile se debate la idea del libre acceso a las montañas del país. La iniciativa, similar al acceso asegurado a las playas, surge después de una serie de disputas y controversias para acceder a los cerros de un país cuya columna vertebral son las altas cumbres.

 

Una buena noticia llegó en septiembre del año pasado, cuando el proyecto de Ley de Acceso a Montañas Fiscales fue aprobado por la cámara baja del Congreso. Presentado por el diputado Sebastián Torrealba de la Partido de Renovación Nacional en el año 2019, esta propuesta, que en primera instancia busca definir qué es montaña y regular los accesos, fue aprobada por mayoría absoluta y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

 

En una entrevista realizada por el Diario Puerto Varas, el diputado Torrealba dijo que se está construyendo una ley que antes no existía y aclaró que “este es un proyecto bastante simple, pero que creemos que va a ser un aporte para la construcción de una cultura de montaña en Chile. El 70 % de los terrenos de alta montaña en Chile son de propiedad fiscal”.

 

Desde distintas entidades han valorado la iniciativa legislativa. Uno de los aspectos destacados es que el proyecto adopte la definición de montaña establecida por la FAO, es decir, que considere de partida que un 63,8% del territorio nacional es montaña. En este sentido, hay que tener en cuenta que, del total de territorio montañoso en Chile, un 66,7% es de propiedad fiscal, por lo que 28 millones de hectáreas estarían afectan a la nueva normativa.

 

Si bien se trata del primer intento de regularización en esta materia, Camilo Hornauer, montañista y presidente de Fundación Plantae, un ONG con sede en Valdivia que “trabaja para la conservación, acceso y uso conscientes de los espacios naturales”, ve con preocupación el avance del proceso legislativo pues, según él, hay varios puntos complejos.

 

Por ejemplo, según el proyecto de ley, el derecho o posibilidad de acceso se asociaría a un punto de habilitación con porterías que tiene ciertos procedimientos y protocolos aún inciertos. "La puesta en marcha de esos puntos de habilitación serían muy graduales: uno por región por año. Es decir, la ley abrirá caso a caso nuevos accesos, lo que en definitiva es una respuesta insuficiente en alcance temporal y espacial. Por lo demás, uno de los caminos para implementar estos planes de habilitación podría darse mediante actos administrativos del Ministerio de Bienes Nacionales, como son las concesiones", explica Hornauer.

 

“Esto genera alta incertidumbre dado que, sin criterios y fiscalización adecuados, un acceso concesionado puede ser igualmente restrictivo, elitista y por otro lado su infraestructura puede impactar en los frágiles ecosistemas altoandinos y de paso contribuir negativamente con más privatización del territorio”, agrega el montañista.

 

Por su parte, Christián Moscoso, director regional de Acceso Panam, comparte la posición de Hornauer y asegura que “este proceso genera un espacio para que la discusión también se lleve a la Convención Constitucional con el fin de que se discutan los derechos ciudadanos que tenemos, como lo es el contacto con la naturaleza”.

 

En definitiva, las organizaciones creen que se modificó significativamente la propuesta original de la ley siendo ahora más una suerte de “turistificación” de las montañas y de su acceso más que una solución a la verdadera demanda histórica que han mantenido montañistas y deportistas de la naturaleza.

        

Por eso, y mirando hacia el futuro, Hornauer espera que propietarios privados puedan imitar casos exitosos de acceso, donde los protocolos funcionen y los impactos sean mínimos, demostrando que sí es posible construir confianzas y acuerdos entre un propietario y una comunidad de usuarios.