El 24 de septiembre de 2014 se supo que estaban muriendo animales.  Dos vacas en el predio El Mirador fue la primera alerta. 

 

“Detectan plomo y arsénico en vacunos del sector Alto Mañihuales” tituló por esos días El Diario de Aysén.  “Presencia de metales pesados en vaquilla muerta activa rigurosa fiscalización” agregaba El Divisadero.

 

El Colegio Médico de Aysén se sumó a los cuestionamientos, tras realizar sus propios análisis que confirmaron lo que se presumía: varias familias del sector presentaban altos niveles de concentración de metales pesados como plomo y arsénico, incluido zinc.  Zinc, el mineral matriz de las operaciones de El Toqui, la compañía que bajo diversas controladoras ha explotado la zona desde mediados de los 80.  La que desde 2019 es propiedad de la Sociedad Minera Pacífico del Sur.

 

Por esos días el gobierno abordó el asunto.  Eran los tiempos de Bachelet 2.

 

El Ministerio de Salud identificó a las familias afectadas -y que estuvieron disponibles para ser parte del proceso- para impulsar un trabajo de atención de salud personalizada.  Duró dos años el procedimiento, con controles, medicamentos y la sugerencia de que usaran, permanentemente, mascarillas.  Familias que están desde antes de las operaciones mineras.

 

Como confirmara la señora Raquel este viernes en reunión con las autoridades: “Somos nacidos y criados ahí. No somos de afuera”.  Cuando se retiraron del sector aledaño a los relaves, todos sus hijos ya habían sido impactados, incluida la más pequeña de cuatro años que “ya salió contaminada. Y también yo. Y así varios vecinos más”.

 

Se tomaron muestras al agua, se iniciaron fiscalizaciones, se impusieron sanciones. Todo mientras duró el revuelo.  Unos dos años, más o menos.

 

El gobernador de Coyhaique, Cristian López Montecinos (DC), constituyó una mesa tripartita en el área: gobierno, empresa, vecinos.  Como CODESA fuimos parte de las primeras reuniones, al ser una de las organizaciones que viabilizó que se conociera el tema a nivel regional y nacional.  Rápidamente la autoridad provincial cerró la posibilidad para que ésta y otras agrupaciones cautelaran el avance del proceso. 

 

Hoy, a más de tres mil kilómetros, López cumple otras funciones. Es ministro suplente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.  En estos años, ha favorecido con sus votos otro proyecto minero: Dominga, en Coquimbo.

 

El resultado de esa mesa quedó a la vista:  Al poco tiempo ya estaba encaminada, con la recurrida práctica transaccional del Estado y ciertas empresas: asistencia económica a cambio de la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas.  Ahí estuvo el transporte público subsidiado hacia Coyhaique, un curso de alfabetización de adultos, instalación de paneles fotovoltaicos, entre otras medidas.

 

En esa época, el gerente de la empresa señalaba que “el plan definitivo de encapsulamiento de la corona del tranque está financiado para el año 2016, en enero comenzará el cierre definitivo, y evitar la polución. Esta tendría una inversión de 2 millones de dólares, aproximadamente, cumpliendo con esto el compromiso con la mesa”.

 

A los pocos años de los hechos de 2014, nos olvidamos.  O, mejor dicho, el Estado y las controladoras.  Porque desde la sociedad civil se siguió exponiendo el tema.  En 2018 se organizó en Puerto Ingeniero Ibáñez el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?”.  Por cierto, ninguna autoridad participó.  Estábamos en el gobierno de Piñera 2, que un año después sería raudo en apoyar la venta minera a sus actuales dueños, luego de la quiebra de la australiana Laguna Gold.

 

Lo ocurrido en este verano, con la muerte de una decena de vacunos es, diría alguien, crónica de una muerte anunciada. De varias muertes, más bien.  No es que fuera novedad. En la reunión del viernes el SAG confirmó que en 2021 ya se tuvo conocimiento de pérdida de equinos por la misma razón: metales pesados.

 

En estos años no se ha activado un mecanismo de medición sistemático en el ecosistema del lugar para conocer a ciencia cierta y periódicamente los niveles de contaminación de los suelos, forraje, ganado, agua, hortalizas, no sólo al lado de los relaves sino mucho más allá.  La gente lo dice: el polvo vuela hasta Lago Norte, a unos 10 kilómetros del relave Confluencia.

 

Tampoco, exámenes periódicos a los vecinos y pobladores.  Que la logística, que es muy caro, que quizás no es tan grave. La oferta, los exámenes del sistema de salud normal al que accede toda la población.  Y que se sabe detectan problemas cuando ya es demasiado tarde.

 

Y lo que es peor, ninguna medida concreta sobre el tranque de relaves Confluencia, de casi 6 millones de toneladas de material contaminante, que a la intemperie permanece distribuyendo mineral hacia los sectores aledaños. 

 

Desde hace ya cinco años este pasivo ambiental está con orden de someterse a evaluación ambiental, medida que la Superintendencia del Medio Ambiente no ha tenido la voluntad de materializar.   El organismo no concurrió a la reunión a la que se convocó el viernes último, a pesar de haber sido formalmente invitado el jefe de la oficina regional Oscar Leal.

 

En estos años, durante Boric 1, el seremi de Minería Juan Vásquez, paradójicamente militante del partido Federación Ecologista Verde Social (al cual hace un tiempo se integraron en masa múltiples militantes del extinto Partido Ecologista Verde), se ha dedicado a relatar “el liderazgo de la compañía”.  A pesar de estar informado de las irregularidades, tampoco concurrió a la convocatoria.

 

Lo mismo ocurrió con Sernageomin, cuya directora regional Andrea Aguilar fue otra autoridad que se restó.

 

Ausencias que se notaron.   Y que mantienen preguntas sin respuesta.  Las mismas que el Estado, en distintos gobiernos, no ha tenido voluntad de zanjar. Y que valida lo que el viernes resumió la señora Raquel: “No hay que dejar que caiga (el tema), porque ahí sí que vamos a perder”.