El Estado como custodio de la naturaleza

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Foto: Ximena SalazarFoto: Ximena Salazar
 
 
 
Por Dominiqué Hervé y Veronica Delgado
 
La explotación exacerbada del medio ambiente, la privatización, la contaminación, la dificultad de acceder a playas, ríos y lagos, entre muchos otros, son signo de que la actual Constitución de Chile, y las leyes que se han dictado conforme a ella, no han sido capaces de garantizar una debida protección de la naturaleza.
 
Como respuesta a esta desprotección, y considerando la ausencia de una acción popular sobre estas materias, y el gran interés que existe por la protección del medio ambiente y de  las comunidades que se desarrollan en torno a dichos ecosistemas, un grupo de abogados y abogadas especialistas en temas ambientales elaboraron la propuesta de articulado para la Constitución que busca establecer al Estado como custodio de la naturaleza.
 
¿Qué significa que el Estado sea custodio? Custodiar, es un estándar mucho más alto que proteger. Implica que este debe siempre supervigilar y garantizar la integridad de los ecosistemas y la mantención de sus contribuciones para la sociedad. 
 
Esta propuesta, que ya ha sido apoyada en redes sociales por Cristina Dorador, Marcelo Mena, Paulina Astroza y otros, busca desarrollar un articulado que aborde de forma comprensiva varias de las problemáticas que se generan en torno a los diferentes componentes del medio ambiente, como el agua, el mar territorial y las montañas. Esas problemáticas se refieren a temas como la titularidad de los mismos, las restricciones cuando se permiten usos privativos de los bienes públicos naturales -que pertenecen a todos y todas-, el acceso responsable a estos espacios, y la posibilidad de accionar de forma popular en caso que los deberes del Estado de custodio sobre la naturaleza no sean respetados. 
 
La iniciativa, es a la fecha la única que aborda de forma comprensiva todos estos temas. “A través de esta propuesta, buscamos  facilitar el proceso de redacción de una norma que permita abarcar armónicamente varias de las propuestas existentes y establecer un deber general de protección de la naturaleza, con la debida identificación de lo que son los bienes públicos naturales y las condiciones para su uso privativo Todo esto requerirá una revisión posterior de la legislación que regula cada uno de estos regímenes concesionales o de títulos administrativos, pero evitará una regulación caso a caso a nivel constitucional”, comentó Dominiqué Hervé, una de las creadoras de la iniciativa.
 
Sobre el concepto de bienes públicos naturales, lo entienden como los bienes “comunes a todas las personas”, y con su regulación se permitiría mejorar su  estándar de protección y  establecer, que en caso que dichos bienes sean entregados de forma privativa a ciertas personas u organizaciones, esto ocurra  en consideración al interés público y beneficio colectivo. “Esto no ocurre hoy. Por  ejemplo, tierras estatales pueden ser entregadas para cualquier uso, sin ningún tipo de consideración al interés público y beneficio colectivo”, comentó por su parte Verónica Delgado, abogada y promotora de la propuesta.
 
Esta propuesta haría que cualquier privatización de bienes naturales públicos, se hará bajo “Custodia” del Estado, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad y revocación, con obligaciones específicas de conservación, estableciendo limitaciones, restricciones y tarifas, siempre que ellas estén justificadas en el interés público y el beneficio colectivo. Estos títulos no generan derechos de propiedad privada.
 
La preparación de este articulado fue liderada por los profesores Dominique Hervé (Universidad Diego Portales), Veronica Delgado (Universidad de Concepción), y Matias Guiloff (Universidad Diego Portales) con diversos aportes y respaldo de un grupo amplio de abogados y especialistas en temas ambientales, incluyendo a: David Tecklin, Carl Bauer, Tomás Mckay, Javiera Calisto, Valentina Durán, Felipe Guerra, Manuel Prieto, Ignacio Martinez y Ana Lya Uriarte, quienes han manifestado su apoyo a la redacción de la cláusula, entendiéndose como un aporte al proceso constituyente y la necesidad de avanzar en una mejor protección del medio ambiente. 
 
Además varias organizaciones han prestado su apoyo como el Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la UdeC, el Programa de Derecho y Política Ambiental de la UDP, el Centro de Derecho del Mar de la PUCV, el Programa Austral Patagonia de la UACh, el Centro de Derecho Ambiental de la Chile, Observatorio de la Costa, Oceana, ONG Ecosistemas, Fundación Ngenko, la Sociedad de Ecología, la Sociedad Geológica de Chile, entre otros. Puedes revisarlos en haciendo clic aquí.
 
Esta es una propuesta de Plataforma para la Custodia Pública de la Naturaleza. Puedes apoyar la iniciativa en el siguiente link.
 
 
 
 
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