No cabe duda, estamos viviendo un momento decisivo en la trayectoria de la vida humana y no humana en el planeta. En términos de crisis de biodiversidad, con un calentamiento global innegable, una emergencia climática y de extinción de especies brutal, estamos frente a un escenario que nos obliga a actuar con decisión. Enfrentamos tiempos en los que todavía tenemos la oportunidad de revertir las causas antropogénicas de la crisis climática y mitigar en parte nuestros impactos en la comunidad de vida de la que somos parte. Para ello es clave reconectar a la humanidad con la naturaleza, especialmente a través de acciones de conservación a gran escala, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el fortalecimiento de la sociedad civil comprometida con la causa ambiental. Para conseguir cambios que realmente sean oportunos y tengan un impacto decisivo, es clave sumar a todos los actores, las comunidades, el sector público, privado y el tercer sector de las ong´s, que son los pilares sobre los cuales se puede avanzar decididamente para mitigar los efectos de esta crisis y atacar sus causas.

 

En Chile, tenemos un sector ambiental que se ha desarrollado a pesar de las instituciones vigentes, echando mano a recursos propios, a la creatividad y la buena voluntad de muchos actores. Durante décadas el sistema tributario castigó las donaciones con fines medioambientales al estar afectas al impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones con cargo al donatario, de carácter progresivo del 1% al 25% del monto donado, y si se trataba del mundo corporativo el castigo era ser tratado como un gasto rechazado afecto al impuesto a la renta de 40%, como si fuera un retiro de utilidades. Con este marco de inhibidores tan contundente, ha sido muy complejo construir un tejido socio ambiental sólido que pueda promover el cuidado, promoción y fortalecimiento de las iniciativas de conservación y protección de la naturaleza, así como generar los cambios culturales y sociales para garantizar su permanencia.

 

Si abordamos el desafío en términos de conservación con una mirada más completa, nos daremos cuenta de que hay muchas falsas paradojas que subyacen en la discusión de los cambios legales para avanzar hacia una conservación efectiva. Una de las más arraigadas es la supuesta oposición entre la conservación y “el desarrollo”, cuya base argumental queda completamente desfondada si aceptamos que ninguna actividad humana florece sin un ecosistema sano. Si miramos con detalle nuestra realidad nacional es aún más evidente, en palabras de Florencia Attademo del Banco Interamericano de Desarrollo: “el 90% de lo que produce Chile está en riesgo”, este riesgo al que se refiere Attademo, es un riesgo antropogénico, originado por causas humanas, si no cambiamos nuestras conductas y mitigamos el daño causado, todo el sistema está en riesgo.  

 

En los últimos meses, hemos sido testigos del éxito de la gestión articulada de muchos actores de la sociedad civil organizada para conseguir abrir una grieta de esperanza para la conservación en Chile, con la aprobada reforma a la Ley de Donaciones. Desde el mundo ambiental celebramos la noticia y la consideramos un avance hacia la consolidación de una cultura de filantropía ambiental en Chile. A partir de su promulgación se define por ley que las donaciones desde el extranjero no se encuentran afectas a impuesto (lo que hasta ahora era solo una interpretación del Servicio de Impuestos Internos); desaparece el trámite de insinuación que obligaba a un juez de la república a indagar las donaciones; se elimina el impuesto a la herencia y se incluyen nuevos fines, dentro de los cuales por primera vez en Chile se incorpora la protección del medio ambiente. La buena noticia es que hoy todos pueden donar al cuidado del medio ambiente, tanto personas naturales como jurídicas y empresas con y sin pérdida en su ejercicio anual.

 

Así mismo, a partir de esta reforma, se pueden generar donaciones en dinero y especies, siempre y cuando no incorporen ningún tipo de contraprestación. La Ley contempla medidas para avanzar en transparencia activa y así mejorar la certeza del destino de las donaciones. Con lo anterior se avanza en despejar el temor legitimo del sector ambiental sobre posibles donaciones corporativas para lavado de imagen en los territorios que operan. Hasta ahora, era suficiente la carta de un alcalde para habilitar el trámite ante el SII, en el nuevo marco, existirá la obligación de los donatarios a incorporarse en el Registro Público de la Secretaría Técnica, así como presentar un reporte anual a la Secretaría Técnica e informar al SII las donaciones recibidas.

 

Queda pendiente la sintonía fina de la ley que vendrá con la concreción de su reglamento, la conformación de la secretaría técnica. Con todo, la impresión de muchos actores de la sociedad civil es que falta un avance que se haga cargo de la dispersión legal en torno a las donaciones en Chile. Como dice Magdalena Aninat, directora de Centro de Filantropía e Inversiones Sociales: “Nuestro país cuenta con más de 60 cuerpos legales donde se regulan las donaciones, incluyendo más de 10 leyes con incentivos para ámbitos específicos. Esta dispersión normativa es fruto de una legislación parcial en ausencia de una política pública integral para promover a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en su conjunto. Esta realidad dificulta el entendimiento de las reglas del sistema, levantando con ello barreras de entrada para que los diversos tipos de OSC participen en el sistema de donaciones a lo largo del territorio”.

 

Esta reforma es a todas luces una buena nueva para la salud de los ecosistemas de Chile, para el sector medio ambiental y para la recuperación del equilibrio natural en el planeta. Este cambio legal, debemos sentirlo como  una invitación directa a todos para aportar decididamente en la dirección de recuperar el curso natural de los ecosistemas y saldar de alguna forma nuestras cuentas pendientes con el planeta.