Hacia fines de octubre, el Diario Financiero de Chile informó sobre la supuesta cancelación del proyecto hidroeléctrico que Endesa tiene en el río Futaleufú, y que contempla la construcción de tres represas en la cuenca de este impresionante río ubicado en la provincia de Palena, en la Patagonia chilena.

 

Una noticia que fue celebrada por muchos, aunque también hay quienes prefieren ser más cautos. Y es que la multinacional es propietaria de los derechos de agua del río, por lo que todavía existe la posibilidad de revivir el proyecto o de vender sus derechos de agua a otra empresa del rubro que esté dispuesta a desarrollarlo. Es por eso que el temor sigue latente ante la ausencia de protección en forma permanente por parte del Estado.

 

La incertidumbre en torno al futuro del Futaleufú se acrecienta mientras Endesa mantiene su silencio. Ningún directivo de la empresa salió a hablar públicamente para referirse sobre el tema y, pese a la insistencia de Patagon Journal, tampoco respondieron a nuestra solicitud. El reciente rechazo gubernamental a Hidroaysén debido a la oposición ciudadana generalizada no sólo habría influido para que Endesa decidiera cancelar su proyecto en Futaleufú, sino que también le sirvió de lección para saber guardar silencio, asegura Patrick Lynch, Director Internacional de Futaleufú Riverkeeper, una ONG que lleva dos años trabajando en el sector.

 

El abogado estadounidense, que desde hace algunos años vive en Chile, critica tanto al Estado como a la empresa por la falta de transparencia. “Es el rol del gobierno presionar a la empresa para que explique qué es lo que quiere hacer con sus derechos de agua. En el fondo, lo que Endesa está haciendo con Futaleufú es jugar con algo que en otros países es un bien común, no un activo de una empresa como sucede en Chile”.

 

En Futaleufú, el 40% de la población depende del río para vivir. Según datos de Futaleufú Riverkeeper, casi la mitad de las personas que viven allí trabajan en turismo, en un río que es aclamado a nivel mundial por sus rápidos y que además posee gran calidad para la pesca con mosca. Dichos usos que llevan beneficios a las comunidades locales no son compatibles con el desarrollo de hidroelectricidad a gran escala. Por eso resulta clave una reforma al Código de Aguas -que data desde 1981- para proteger al Futaleufú y otros ríos en Chile, aspecto que se está considerando en la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

 

Recientemente, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Congreso recibió 16 mociones que buscan efectuar una serie de modificaciones a la Constitución y a la legislación asociada, con la intención de, entre otras cosas, establecer el agua como bien nacional de uso público. Pese a este avance, Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los Recursos Hídricos, hace unas semanas criticó la falta de voluntad política para hacer frente a este tema.

 

A juicio de Ruiz, el panorama hídrico a nivel nacional es bastante sombrío, y existen una serie de conflictos socioambientales que se han incrementado debido a que Chile es el único país en el mundo que otorga derechos de agua a perpetuidad. Si bien la privatización de la totalidad de los recursos hídricos ocurrió durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, tras la vuelta a la democracia ha habido escasa preocupación por parte de los parlamentarios para modificar la legislación de aguas vigente y permitir la conservación de ríos salvajes y paisajísticos para las futuras generaciones.

 

El senador Antonio Horvath es quizá uno de los grandes defensores de la Patagonia, y en el último tiempo ha sumado aliados como el senador Patricio Walker, otro de los parlamentarios interesados en la renacionalización del agua. Ambos congresistas son integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y también han cumplido un rol importante en la discusión en torno al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Una iniciativa sumamente relevante porque, entre otras cosas, busca fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Y es que con la actual legislación, ni los ríos de los parques nacionales están libres del asedio de empresas energéticas o de otra índole, por ejemplo la minería.

 

Para el senador Horvath urge una figura especial de protección para ríos que presentan alto valor de conservación, un modelo similar a la ley Wild and Scenic Rivers de Estados Unidos, que protege a nivel federal y en forma permanente a los ríos, pero también permite el desarrollo de actividades económicas recreativas, turísticas y locales.

 

“Se está intentando que varios ríos de la Patagonia entren bajo esa organización con base legal en Chile. El tema es que tengan una base legal fuerte porque, por ejemplo, en la primera administración de Bachelet se definieron algunos ríos de interés, pero la administración siguiente lo derogó, entonces deben tener una continuidad en el tiempo”, dijo el parlamentario en una entrevista con Patagon Journal y que fue publicada en la edición número 6 de la revista.

 

“En Chile no hay un estatuto que proteja en forma definitiva una zona”, añade Patrick Lynch. “Por ejemplo, si mañana Futaleufú y su cuenca se declara Parque Nacional, todavía no estaría protegido porque el actual sistema no tiene mucha fuerza, es decir, podría entrar una empresa energética en el mismo Parque Nacional y hacer valer sus derechos de agua. Por eso estamos participando en un proceso para mejorar un proyecto de ley, para que en el futuro un lugar tan precioso y de clase mundial como Futaleufú pueda ser protegido en forma permanente, y no por privados, sino que por el Estado y donde la comunidad participe activamente en su protección”.