La selva tropical del Amazonas está al borde del colapso. Bajo esta premisa se llevará a cabo la Cumbre Amazónica, IV Reunión de Presidentes de Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los días 8 y 9 de agosto en la ciudad de Belén, Brasil. Se reunirán jefes de estado y representantes de todos los países que forman parte de la selva amazónica para debatir sobre su futuro y fijar una posición común entre los países de la Amazonia para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) en noviembre. El periodista alemán medio ambiental, Norbert Suchanek, que vive en Río de Janeiro, ha entrevistado recientemente al reconocido investigador Philip Martin Fearnside acerca de la próxima cumbre que se realizará en Belén, las políticas de Lula da Silva sobre el Amazonas y el futuro de la selva tropical más extensa del planeta. 

 

Fearnside: Es probable que en áreas fuertemente deforestadas al sur de Pará y al norte de Mato Grosso ya se haya cruzado el “punto de no retorno”, pero esto no significa que debamos darnos por vencidos en la protección de estos sectores. La zona de Acre es otro lugar en donde están cerca de alcanzarlo o quizás ya pasaron el punto crítico; esta es una de las áreas más afectadas por los efectos de la pérdida de agua de reciclaje en la Amazonia brasileña. La pregunta crucial es qué va a ocurrir hacia el norte de Acre en la región de Trans-Purús del estado de Amazonas. Si se perdiera el bosque de esta región, sería un hecho catastrófico para Brasil ya que esta zona es vital para el reciclaje de agua que fluye hacia Sao Paulo y otras regiones del sureste del país mediante vientos conocidos como “ríos voladores”. La apertura de la región de Trans-Purús mediante la ruta que se ha planificado para extender la carretera BR-319 arriesga este territorio, lo cual pone de manifiesto que otorgarle permiso a la “pavimentación” de la autopista representa uno de los problemas más cruciales del día de hoy.

 

La reformulación que has mencionado de la promesa de Lula en su famoso discurso de la cumbre COP en Egipto, indudablemente, es una mejor reflexión de sus verdaderos planes que no mencionó mientras estaba allá, debido a que excluyó una parte fundamental: la palabra “ilegal”. Efectivamente la deforestación legal no solo se seguirá llevando a cabo, sino que aumentará de manera considerable porque Lula ha prometido la regularización de la tenencia de tierras. La “regularización” no es más que un eufemismo para legalizar la toma ilegal de terrenos lo cual implica que quienes lo soliciten tendrán derechos legítimos sobre las tierras aunque no posean documentación debido a la ineficacia del gobierno. Sin embargo, la mayoría de las legalizaciones de las tierras serán implementadas mediante solicitudes hechas en el Registro Ambiental Rural (CAR), creado en el año 2012 por el actual “Código Forestal” que permite registrar las tierras virtualmente sin la presencia de inspecciones en terreno. A pesar de que, en teoría, este proceso de reclamar las tierras no debería ser válido; esto sigue ocurriendo en la práctica y la CAR se ha convertido en la herramienta principal para los grileiros, quienes se apropian de territorios “no designados” del gobierno. Cuando se legalice la toma de estas tierras, la deforestación pasada y futura va a ser legal. Ciertamente la legalización de estos terrenos provocará apropiaciones e invasiones porque los terrenos disponibles gratuitos serán la principal fuente de motivación. De esta manera, el ciclo de “amnistías” en donde se perdonan a los invasores de tierras y crímenes contra el medio ambiente continuará hasta que el último árbol sea talado.

 

 

 

 

Sería un avance increíble poder detener la deforestación para el año 2030, incluyendo la deforestación “legal”. No obstante, actualmente existen otras amenazas. Los incendios forestales han aumentado debido al cambio climático y a la explotación forestal, su alcance ha convertido terrenos deforestados en zonas que son usadas para el pastoreo.

 

Los esfuerzos del gobierno para controlar la deforestación a través de inspecciones bajo el programa de protección del Amazonas no se están poniendo en duda. Esto debe llevarse a cabo y el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando arduamente. No obstante, también son necesarias otras acciones, especialmente se deben descontinuar proyectos de infraestructura, tales como la autopista BR-319 que implica altos niveles de deforestación y, también, se debe detener la legalización del acaparamiento de tierras, excepto para quienes han residido en la ribera por generaciones sin documentación, pero que representan una minoría de las tierras que se están legalizando.

Por otro lado, hablar de un manejo forestal sustentable es ciencia ficción. En esencia, toda la explotación forestal en la Amazonia es insostenible, incluyendo aquella que se considera legalmente autorizada dentro de los “planes de manejo forestal sustentable”. Ninguno de estos planes considera el hecho que la extracción de madera deja a los bosques vulnerables a incendios ya que las áreas deforestadas arden con mayor intensidad y, por este motivo, la pérdida de la biomasa es mucho mayor. Así se crea un círculo vicioso que resulta en una serie de incendios forestales que devastan por completo los bosques. Además, el manejo forestal no es una práctica sostenible ya que se contradice en su lógica económica – el tiempo de recuperación del bosque es más lento que la tasa de inversión económica realizada para destruirlo, junto con sus ganancias – y debido a vacíos legales que permitieron la tala legal de bosques en los primeros años de gestión que, supuestamente, significaba que los dueños de los terrenos tenían que esperar por décadas sin salario, mientras que el bosque deforestado comenzaba a recuperarse antes del siguiente ciclo.

 

Estas áreas deberían ser convertidas en unidades de conservación (áreas protegidas para la biodiversidad) o sino en tierras destinadas para la población indígena en los sectores donde ellos habitan.  Las unidades de conservación deberían ser categorizadas para uso sostenible, como, por ejemplo, convertirlas en reservas extractivas o reservas de desarrollo sustentable. Ninguna de estas tierras debería ser legalizada como propiedad privada.

 

 

 

 

Este representa mi mayor temor, no solo por la historia pasada de Lula, sino que también debido a sus declaraciones durante su campaña electoral donde defendía sus decisiones tomadas anteriormente. La planeación energética de las autoridades de gobierno que considera un período de 10 años ha sido expresada en su Plan de Expansión Energética hasta el 2050 y es muy alarmante. Estos planes ponen de manifiesto que las autoridades están dispuestas a construir más represas en el Amazonas si es que el proyecto de ley 191/2000 es aprobado por el Congreso Nacional; de esta manera, los territorios indígenas quedarán expuestos a la construcción de represas, además de minería, producción agrícola y explotación forestal. Los sectores interesados en este proyecto de ley tienen la cantidad suficiente de votos para que sea aprobado y pueden anular el veto presidencial, así el proyecto continuará aunque se realicen sesiones plenarias.

 

Las actuales represas hidroeléctricas contribuyen al calentamiento global de diferentes formas. Emiten dióxido de carbono y metano, y estas emisiones tienen mayor intensidad durante los primeros años en que se llenan los embalses, lo que las hace muy dañinas por su impacto en el calentamiento global.  Por lo tanto, en los años venideros deben ser contenidas para evitar consecuencias catastróficas y prevenir que se alcance un punto climático crítico. Además, el metano es un gas que contribuye altamente al calentamiento en sus primeros años de uso, en oposición al CO2 que tiene un impacto relativamente moderado por tonelada al año, sin embargo, su impacto ya se ha extendido por más de un siglo. Para evitar llegar a un punto crítico, las acciones que se tomen en los próximos 20 años serán fundamentales. Según un informe reciente del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) se estima que el impacto de una tonelada de metano en los próximos 20 años será 80.5 veces mayor que el de una tonelada de CO2. Esto cuadruplica el impacto del metano emitido por las represas del Amazonas si se compara a la conversión utilizada por el Protocolo de Kioto y otros informes de emisiones de gas metano, en donde se presenta un valor de 21 (incluyendo datos de elaboración propia), o los valores de 23, 25 y 28 que se exponen en diferentes informes del IPCC. Otra forma en que las represas han contribuido al calentamiento global es mediante la obtención de créditos de carbono para cuatro de las más grandes represas de la Amazonia brasileña, de esta manera los países que compran estos créditos tienen permiso para generar emisiones. Ninguna de estas represas son realmente “adicionales” bajo el espíritu del protocolo de Kioto, lo cual significa que solamente se habrían construido por el subsidio de los créditos de carbono.

 

 

 

 

Durante su campaña presidencial, Lula afirmó en una entrevista radial en Manaos que no veía porqué el proyecto BR-319 no debía ser aprobado, con tal de que el estado y el gobierno municipal se comprometieran a su “preservación”. Desafortunadamente, no se consideraron las repercusiones que la autopista podía acarrear, aunque se cumpliera este compromiso. El impacto se extiende mucho más allá de las municipalidades a lo largo de la BR-319; tampoco se observa ninguna señal de voluntad para costear los gastos astronómicos que implica contener el proceso de deforestación en toda el área. Asimismo, los políticos cambian de opinión en cada elección y así no podemos tener garantía del supuesto “compromiso” de preservación para el futuro.

 

A nivel mundial, el gas y el petróleo se deben eliminar rápidamente para lograr la contención de cambio climático. Incluso, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a pesar de no ser una organización medio ambiental, ha emitido un informe declarando que se debe detener la producción de gas y petróleo, además de reducir gradualmente a cero las plantas de producción que ya existen para así lograr emisiones netas cero a nivel global para el año 2050. Se espera que Brasil siga este camino y en el Amazonas, especialmente, esto debería ocurrir más rápido que en cualquier otro lugar del planeta ya que, además del cambio climático, existen daños medio ambientales provocados por los derrames, la construcción de vías alternativas y la deforestación del bosque amazónico.

 

Aún no se ha anunciado una agenda, no obstante, tampoco se ha comunicado la decisión de paralizar este proyecto. Dada las conexiones que existen entre Putin y Rosneft, la postura de Lula frente a la guerra de Ucrania es preocupante. La autopista BR-319 y la carretera AM-366 son de vital importancia para Rosneft.

 

 

 

La carretera AM-366 atravesaría tres de los primeros bloques petroleros, así como también terrenos con gran potencial futuro. Si ese camino se construye, los ocupantes ilegales y usurpadores se sentirán atraídos por los terrenos no designados, además, todo el sector correspondiente a la parte oriental de la autopista ya ha sido reclamado por el Registro Ambiental Rural (CAR). El proyecto petrolero y de gas sería la razón principal para acelerar la construcción vial, así como también el dinero de Rosneft y la influencia de Putin que podrían convertirlo en una prioridad federal y estatal.

 

Estas son preocupaciones fundamentales, especialmente en el caso del aceite de palma en el territorio de Trans-Purús. Esta área es la que se encuentra más apta para la elaboración de este producto, y por eso las empresas de Malasia productoras de aceite de palma intentaron comprar estos terrenos en el año 2008, pero se retiraron para invertir en otros países.

 

Desearía que Brasil y el resto de los países que forman parte del Amazonas se comprometan a detener proyectos como la autopista BR-319 que afectará gravemente al cambio climático, así como también a la biodiversidad y las poblaciones indígenas.

 

Estos países tienen que tomar acción en vez de pedirle al resto del mundo que contribuya económicamente a los esfuerzos para detener la deforestación. Los líderes deben comprometerse aunque sean decisiones políticas difíciles, tales como interrumpir proyectos de infraestructura, paralizar la legalización de la invasión de terrenos estatales, etc.

 

Brasil tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene la selva tropical amazónica y también comprometerse con difíciles decisiones políticas necesarias para protegerlo. Esto va a requerir un esfuerzo mucho más grande que solo traspasar la problemática hacia el Ministerio del Medio Ambiente. Una de las grandes preocupaciones corresponde al territorio de Trans-Purús y los planes que lo amenazan.