En octubre de 2021 se informaba que “más de 60 organizaciones piden el fin de la salmonicultura en áreas protegidas”.  Mediante una carta dirigida a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados se solicitaba una ley que “ponga fin a las más de 400 concesiones salmoneras aledañas o dentro de reservas y parques nacionales”.  El llamado tuvo efecto concreto: al mes siguiente se ingresó en la Cámara Baja un proyecto para modificar la Ley de Pesca y Acuicultura en dicho sentido.

 

Lo que fue un buen augurio, trastocó en decepción a principios de este año. “Comisión de Pesca postergó proyecto para prohibir las salmoneras en áreas protegidas” informó la prensa en enero.

 

Pero las organizaciones de Chiloé, Aysén y Magallanes no amainaron.  Se ha reiterado de múltiples formas el planteamiento, incluso este lunes al conmemorarse el 17 de octubre el Día de las Áreas Protegidas.  Pero la tarea choca con cierta institucionalidad: recientemente Fundación Terram informó que “70 concesiones salmoneras ubicadas al interior de áreas protegidas habrían incurrido en causal de caducidad por no iniciar actividades dentro del plazo legal. A pesar de esto, solo tres de ellas fueron denunciadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y ninguna ha sido caducada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”.

 

Por ello varias organizaciones de Aysén se hicieron parte en un recurso ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique para lograr se sancione a Cooke Aquaculture por los centros de engorda de salmones que mantiene dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael.

 

Para la institucionalidad ambiental chilena, las áreas bajo protección oficial no son sólo los parques, reservas o monumentos naturales, incluye los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, ciertas zonas de interés turístico, los bienes nacionales protegidos, los santuarios de la naturaleza, entre otros.

 

Desde mediados de los 90 el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara (en Chile Chico) es intervenido por la Compañía Minera Cerro Bayo, hoy perteneciente a la australiana Equus Mining.  Recientemente esta empresa (vía su filial Southern Gold) ingresó una declaración de impacto ambiental para regularizar las más de 20 prospecciones que durante años realizó ilegalmente en el sector El Ceballo, obligada por un dictamen de la Superintendencia del Medio Ambiente producto de la presentación de organizaciones regionales.  La semana pasada el proyecto fue declarado inadmisible por carecer de contenidos mínimos.

 

Otra iniciativa de Cerro Bayo también en el sitio prioritario, esta vez en las cercanías de Bahía Jara, fue aprobada por el gobierno de Sebastián Piñera en 2018, pero en 2020 la Corte Suprema obligó su reevaluación.  Hecho esto, la iniciativa fue rechazada en junio de este año.

 

Tras un fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia, Edelaysén está obligada a ingresar a evaluación su proyecto hidroeléctrico Los Maquis, cerca de Puerto Guadal y al interior de la Zona de Interés Turístico Chelenko, que para la legislación ambiental es un área bajo protección oficial.  Será una evaluación ex post, dado que las obras ya están concluidas.

 

 

 

 

Múltiples son los mega loteos que se proyectan aledaños a parques nacionales, con los consiguientes impactos que estos núcleos urbanos no planificados podrían generará en la biodiversidad y las comunidades.  Y qué decir de las concesiones turísticas, actuales y proyectadas, a grandes empresarios al interior de los parques nacionales.  Como el caso de Explora en el Parque Nacional Patagonia, que ha elitizado el acceso a sus instalaciones y desdibujado el sentido público que debiera tener este tipo de sectores.

 

En todas estas acciones legales y administrativas han estado vecinos y organizaciones socioambientales locales, junto a otras regionales que buscan el turismo sustentable.

 

Es en este contexto que desde el lunes y hasta el miércoles se desarrolla en el Centro Cultural La Moneda en Santiago, el Encuentro Áreas Protegidas y Comunidades Portal.  Con la inauguración del Presidente Gabriel Boric, múltiples funcionarios de alto rango y expertos nacionales y extranjeros, además de directivos de fundaciones del mismo tenor, se dan cita para hablar de una materia que tantas miradas convoca. 

 

Es loable, por cierto, aportar a este debate, más aún para quienes habitamos estos territorios que, hay que decirlo, se han puesto de moda.   Pero aunque creemos en Aysén reserva de vida, más que ello pensamos en que el planeta lo es.   Por muy fashion que sea la Patagonia, la verdad es que la biodiversidad y la vida se deben defender en Aysén, pero también en Petorca, en Santiago, en Putre.  Y en Bangladesh también.

 

Es sintomático que entre los organizadores y grupos de apoyo escaseen (más bien, no existan) las organizaciones de los territorios sobre los cual se hablará, discutirá, soñará el futuro.  Es como si los habitantes y sus formas de organización sean sólo sujeto de beneficios (fondos concursables, capacitaciones) pero no estén a la altura de participar en la toma de decisiones.  Decisiones que pareciera ya se tomaron en otro momento y lugar.

 

Al revisar los paneles, tampoco se ve espacio alguno que abra la discusión sobre lo que el modelo de desarrollo ha hecho, hace y hará a la Patagonia, y a sus áreas protegidas.  Se discute sobre un promisorio futuro de emprendimientos económicos, como si no existiera minería, salmonicultura, hidroelectricidad, presión inmobiliaria, que demostrado está generan un gran impacto en la biodiversidad de estos territorios y maritorios, así como en las comunidades en ellos insertas. 

 

Más aún, cuando la estrategia de intervención de las comunidades portal no se hace considerando las formas de organización ya existentes, sino desde la mirada del individuo, del uno a uno, del caso a caso, en la práctica se aporta a desmantelar lo que permanecerá: la organización.  Que es la que permite la articulación y la reflexión sobre qué tipo de región queremos, y si es coherente con ella un modelo de desarrollo que, hoy por hoy, es parte del problema más que de la solución.  La figura del super emprendedor individual es, en el fondo, una idea bastante neoliberal.

 

Lo mismo con las alianzas.  Como la que impulsa Balloon Latam -actor del programa comunidades portal- junto a Copec para instalar estaciones de bicicletas en el Camino Longitudinal Austral sur.  Copec, puntal del negocio de los combustibles fósiles en Chile, y parte del grupo que controla Arauco, compañía que diezmó ambiental y culturalmente el sur de Chile con su modelo forestal, incluida la destrucción del Santuario del Río Cruces. La que quiso intervenir Isla Riesco, en Magallanes, para extraer carbón.  La que recientemente fuera condenada por el Juzgado Civil de Valdivia porque durante 30 años usurpó un predio de una familia mapuche en Mariquina.

 

Todos queremos proteger la Patagonia, claro está.  Pero por muy loable que esto sea, no puede ser esta tierra moneda de cambio para la imposición ni para el lavado de pecados socioambientales cometidos en otros territorios. 

 

Por muy de verde que se pinte el ofrecimiento.